Este delito en el país está en un alarmante ascenso, lo que mucho de los casos llega a cobrar la vida de las víctimas sin que las normas legales puedan frenar este incremento, pese a que estipulan castigos de 25 años de cárcel para los culpables.
La sociedad boliviana en su conjunto demanda la aplicación de sanciones drásticas que llegaron hasta el planteamiento de proyectos de ley ante el Poder Legislativo para establecer la castración química y física para los violadores.
El coordinador de Plataforma de Atención Integral a la Familia del Gobierno Municipal de La Paz, Marco Gira Paredes, afirmó que se requiere una inversión económica seria de parte del Estado e instituciones que trabajan en esta problemática para terminar con la violación del niño, niña y adolescente.
El problema principal identificado por el profesional está referido a la falta de voluntad política, la poca inversión económica que realiza el Estado boliviano y dejando de lado la creación de políticas de prevención para terminar definitivamente con estos abusos.
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